Buenas tardes, amigos de Abejar Radio.
Hace tan solo un mes os hablé acerca de una condena a la petrolera SHELL, en Holanda, que la obligaba a reducir su emisión de CO2 a la atmósfera.
Hace dos semanas, os conté que la Comisión Europea había sancionado a España por la existencia de entre 231 y 332 urbes de nuestro país no saneaban sus aguas residuales de acuerdo ala normativa existente.
Pues hoy, martes 29 de junio, me toca hablar de otra sentencia. Como ya os dije a colación de la sentencia holandesa, actualmente hay cientos de denuncias puestas a lo largo y ancho del globo por asuntos medioambientales. Y unas pocas de esas denuncias están en España.
Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que España incumplió la normativa marco sobre aguas y sobre hábitats en su gestión del parque nacional de Doñana. Siendo vox pópuli la existencia de pozos ilegales por los que muchas personas extraen agua pública y necesaria para consumo privado, la Junta de Andalucía decidió no tener en cuenta esta merma a la hora de contabilizar la cantidad de agua que extraerá para satisfacer las necesidades de consumo, tanto particular como turístico, del municipio de Matalascañas.
Esta extracción, insostenible y abusiva, ha causado un impacto en el hábitat de Doñana.
Además, tampoco previó en el Plan Hodrológico del Guadalquivir 2015-2021 (el que aprobó las citadas extracciones) ninguna medida para evitar la alteración de los hábitats protegidos situados en el parque nacional. Y ha quedado demostrado que estas alteraciones se han producido.
Por todo ello, si España no cambia esta realidad, la Comisión llevaría nuevamente a nuestro país al Tribunal, esta vez pidiendo una sanción.
Se trata, sin duda, de un éxito para la ONG WWF, que fue la que elevó este caso ante la Comisión Europea ya en el año 2010. En la Comisión estuvo muerto este asunto hasta el año 2019, cuando se denunció ante el Tribunal de Justicia Europeo, y en apenas dos años este tribunal ha sentenciado.
Si la Comisión hubiera denunciado el mismo año en que comenzó este plan, el 2015, el asunto podría haber estado solucionado hace cuatro años, y no ahora que ya finaliza el actual plan.
Pero bueno, la política y la sostenibilidad no parecen caminar de la mano prácticamente nunca. Algo que no podemos decir de los tribunales, ya que como os he ido comentando, cada vez es más habitual que acaben sentenciando a favor de las entidades ecologistas que denuncian ante ellos situaciones dañinas para la naturaleza y, por ende, para nosotros mismos.
Concienciación social y apoyo jurídico. Sin duda, una buena simbiosis ¿no os parece?
Hasta la semana que viene, amigos.